Sociedad

Un argentino entre los asesinados por defender el ambiente en América Latina

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La UTT difundió un afiche para reclamar justicia por Juan Carlos "Cheta" González (Felipe Luna/Global Witness)

Protestar por tener aire limpio, luchar contra las grandes corporaciones para proteger el entorno propio y de una comunidad o militar en un movimiento ambiental que se opone a alguna obra de infraestructura puede costar la vida. Y si se vive en América latina, el riesgo es aún mayor. El informe anual de Global Witness publicado hoy revela que tres cuartas partes de los ataques letales registrados contra activistas ambientales en 2020 sucedieron en la región: 165 personas fueron asesinadas por defender su tierra y el planeta. A nivel mundial, se registraron 227 ataques letales, lo que constituye un aumento en las cifras históricas por segundo año consecutivo.

Colombia fue, nuevamente, el país más afectado del mundo, con 65 asesinatos registrados, y Nicaragua, con 12 muertes, fue el lugar más mortífero para las personas defensoras considerando los asesinatos per cápita. En promedio, cuatro personas defensoras han sido asesinadas cada semana alrededor del mundo, desde que se firmó el acuerdo climático de París en 2015. Sin embargo, esta impactante cifra es, casi con certeza, una subestimación, ya que es probable que muchos casos no sean denunciados ante las crecientes restricciones al periodismo y otras libertades cívicas.

En 2020 la Argentina formó parte de esta triste lista: el productor tucumano Juan Carlos “Cheta” González fue acribillado por el policía retirado Carlos Flores, en el marco de un conflicto territorial.

“El martes 15 de septiembre de 2020 González llevó, como cada mañana, sus animales al campo donde había nacido y crecido. De la escopeta del policía retirado Carlos Flores salieron las tres balas que terminaron con su vida. El tirador dijo que fue en defensa propia, pero ‘Don Cheta’ (como se lo conocía) estaba desarmado y fue herido por la espalda mientras se iba en su caballo. Todo ocurrió en El Cevilar, comuna de El Bracho, departamento de Cruz Alta (Tucumán): en las mismas tierras que antaño pertenecieron a Juan José González y que sus herederos legítimos cultivaron toda la vida”, cuenta la agencia de noticias Tierra Viva. Cheta vivía con Lidia, su esposa, y con Luis, uno de sus tres hijos. Integraba la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).

Dos meses y 18 días después, Flores fue condenado a once años de prisión en un juicio abreviado. El delito fue calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El juez Javier Tomas resolvió la prisión domiciliaria en la casa de una familiar del condenado, en Horco Molle, localidad distante a unos 40 kilómetros de donde ocurrieron los hechos. También dispuso que el asesino lleve consigo un dispositivo electrónico para ser localizado. La familia de la víctima asegura que no cumple con lo dispuesto por la justicia.

Destrucción

Las cifras del reporte internacional muestran el costo humano de la destrucción provocada por las industrias y corporaciones extractivas. Según los informes, al menos el 30% de los ataques registrados estuvieron directamente relacionados con la explotación de recursos, incluyendo la explotación forestal, la minería y la agroindustria a gran escala, las represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructura. La explotación forestal fue la industria vinculada a la mayor cantidad de asesinatos con 23 casos, con ataques reportados en México, Brasil, Nicaragua y Perú.

Los homicidios incluyen el caso de Óscar Eyraud Adams, indígena Kumiai y defensor del agua, asesinado en México luego de oponerse a las industrias que contribuyen a la escasez hídrica en Baja California. Óscar fue uno de los muchos indígenas asesinados en 2020, reinvindicando su derecho a la autodeterminación y protegiendo las tierras ancestrales de quienes buscan explotar sus recursos naturales.

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La tumba de Oscar Eyraud en Juntas de Nejí (Felipe Luna/Global Witness) (FELIPE LUNA/)

“En un año en el que los países latinoamericanos sufrieron crisis sin precedentes, una constante permaneció: la violencia contra las personas defensoras. América Latina ha sido consistentemente la región más afectada y, con demasiada frecuencia, quienes se pronuncian por su tierra y nuestro planeta deben enfrentar la criminalización de los gobiernos, la intimidación en sus comunidades y el asesinato. Esta violencia sistémica es el resultado de décadas de impunidad para los perpetradores y las empresas que ponen la extracción y las ganancias por encima de la vida humana y nuestro medio ambiente”, indicó Marina Commandulli, de Global Witness.

Entre las y los activistas que continúan amenazados se incluyen las comunidades de Guapinol, en Honduras. Allí decenas de personas defensoras de la tierra y del agua han sido arrestadas en los últimos años por protestar pacíficamente contra una concesión minera de óxido de hierro otorgada por el gobierno central en un área protegida. Muchos miembros de la comunidad siguen privados de su libertad.

Principales hallazgos del informe

– Casi tres de cada cuatro ataques registrados ocurrieron en las Américas. De los diez países con mayor cantidad de ataques registrados, siete están en América Latina. En Brasil y Perú, casi tres cuartas partes de los ataques registrados sucedieron en la región amazónica de esos países.

– Colombia es nuevamente el país con mayor cantidad de ataques registrados, con 65 personas defensoras asesinadas en 2020. Un tercio de estos ataques fueron cometidos

– En 2020 continuó el desproporcionado número de ataques contra pueblos indígenas, siendo el blanco de más de un tercio de estos ataques fatales. Se reportaron ataques contra personas defensoras indígenas en toda América Latina.

– En Nicaragua se registraron 12 asesinatos, en comparación con los cinco que Global Witness documentó en 2019. Considerando los asesinatos per cápita, se convirtió en el país más peligroso para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2020.

– La cantidad de ataques reportados en Brasil sigue siendo alta, con 20 asesinatos registrados. El gobierno de Bolsonaro ha priorizado las industrias extractivas en las regiones del Amazonas y del Cerrado. Organizaciones de derechos indígenas y al menos seis de los partidos políticos de Brasil han alegado que el COVID-19 podría conducir a un “genocidio” de los pueblos indígenas de Brasil.

– En los casos en que los informes señalan que las personas defensoras fueron atacadas por proteger determinados ecosistemas, la mayoría (70%) trabajaba para defender los bosques de la deforestación y del desarrollo industrial, algo vital en los esfuerzos por frenar la crisis climática. Otras murieron por su trabajo al proteger ríos, áreas costeras y océanos.

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