¿Por qué las medidas del gobierno para bajar precios no funcionan y solo golpean al campo?

La inflación es uno de las principales preocupaciones del Gobierno y la población. Según el INDEC, en abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 6%, en el primer cuatrimestre aumentó 23,1% y en los últimos 12 meses, 58%.

Lamentablemente nada apunta a una fuerte desaceleración en los valores:: el mercado espera para este año una inflación superior al 72% a partir del último relevamiento del Banco Central.

Una de las cuestiones más graves es lo que sucede con los precios de los alimentos, cuyo aumento fue incesante no sólo a raíz de la guerra en Ucrania, sino también durante gran parte de 2021. Este rubro escaló 5,9% en abril y 62,1% el último año. Por eso el Gobierno desplegó una serie de medidas e instrumentos para controlar los valores de estos productos y reforzar el control sobre otros, sin lograr hasta el momento ninguno de sus objetivos.

Tres de estas medidas impactan de lleno en el sector agropecuario, como son las retenciones, fideicomisos e intervención de mercados y mantienen, al mismo tiempo, una suerte de tensión constante entre el campo y la Administración del presidente Alberto Fernández, ya que no solo son iniciativas sumamente distorsivas, sino que también no logran los efectos perseguidos. O sea, ninguna de estos tres instrumentos lograron bajar los precios de los alimentos de manera contundente y sostenida en el tiempo, generando impactos negativos en la producción.

Retenciones

Las retenciones ya son un clásico de la política económica argentina y de un tiempo a esta parte su utilización fue indiferente a los distintos gobiernos que se sucedieron, al mismo tiempo que se erigen como un foco de conflicto entre el poder político y el campo. La cuestión central de los derechos de exportación es que pueden ser utilizados para dos cosas al mismo tiempo: por un lado recaudar de manera rápida y efectiva y, por el otro, generar una suerte de “desacople” o diferenciación entre los precios internacionales de los locales, abaratando el valor de los granos, carnes o lácteos para el mercado interno a costas de un menor precio pagado al productor por su mercadería. El tema es que el primer objetivo se cumple a la perfección, pero el segundo no.

Según un trabajo del productor agropecuario y ex subsecretario de Bioeconomía y Alimentos, Néstor Roulet, el precio del trigo en Argentina es más barato que en los países vecinos, como Brasil, Chile y Uruguay, que no tienen retenciones y, aún así, el valor del pan es más caro en nuestro país, que es un exportador neto, que en estos últimos, que son importadores y compradores de nuestro cereal.

Así, Roulet marcó que mientras que en nuestro país el precio del trigo pagado al productor es de USD 370 por tonelada, en Chile vale USD 481, en Uruguay USD 465 y en Brasil USD 452. Ahora bien, el kilo de pan medido en dólares vale en Argentina USD 2,50, pero en nuestro vecino trasandino, por citar solo el ejemplo más caro, vale USD 2,10. Para decirlo en otras palabras: Argentina tiene el trigo más barato de la región y el pan más caro.

En diálogo con Infobae, Roulet remarcó que este ejercicio “demuestra que el problema no es la materia prima, sino que son las cadenas intermedias y finales del sistema de trigo, lácteos y de las carnes”, descartando la supuesta finalidad de las retenciones en la reducción en los precios de los alimentos al público, ya que considera que este instrumento “solamente tienen un fin recaudatorio, y no lograr diferenciar o bajar los precios internos. Eso está muy comprobado y me parece extraño que en el Gobierno no lo entiendan”.

Para el ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri, lejos de bajar los precios, las retenciones tienen un efecto nocivo en “el interior productivo porque esa plata se va a la caja central y vuelve muy poco a las zonas productoras. Es plata que estando en manos del productor se transformaría en tecnología y en mayores inversiones. Por eso en la soja, hace 30 años que estamos en rendimientos de 30 quintales por hectárea, mientras que países como Brasil hace 15 años estaban en 20 quintales y hoy están en 35. A lo que te llevan las retenciones en dejar de invertir en estos aspectos”.

Por último, Roulet entiende que hoy el precio de los alimentos, más que por el valor de la materia prima, está afectado por los altos costos de producción, logística y comercialización, por la fuerte presión impositiva y, en especial por “la ineficiencia productiva de los eslabones intermedios”. A modo de ejemplo explicó que existen industrias del sector, como algunos molinos que son “ineficientes” y que “vivieron del Estado y lo siguen haciendo. Hay molinos grandes que esperaron el fideicomiso y chiquitos eficientes que no. Y, en la parte comercial, hay gente que vendiendo seis bolsones de pan quiere vivir bien y no es así”.

Fideicomisos

Como adelantó Roulet, los fideicomisos son otras de las herramientas utilizadas por el Gobierno en su búsqueda por bajar los precios. Si bien ya existía un fideicomiso aceitero, el del trigo fue el que causó más revuelo. El llamado Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), fue una idea del entonces secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, tras las fuertes subas del cereal y de la harina tras el estallido de la guerra en Europa. Este es financiado por la suba de retenciones a los subproductos de la soja y tiene como finalidad subsidiar el precio de la harina para controlar los precios de los productos farináceos.

El principal problema con el que se choca este fideicomiso y por lo cual tiene una acotada participación de empresas (solo tres, pero una de ellas muy grande), es la desconfianza que despierta este instrumento en los molinos por malas experiencias pasadas. “En 2010 y 2011 se había armado un sistema parecido a este de compensaciones y el Estado, en un determinado momento, dejó de pagar y dejaron a 50 empresas al borde de la quiebra”, relató a Infobae el presidente de Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras (Apymimra), Oscar Marino.

Para el dirigente empresario, el FETA “no cumple con el objetivo de bajar el precio del pan para los sectores más vulnerables, y genera situaciones contrarias al objetivo solidario de su creación”, al mismo tiempo que remarcó la baja incidencia de la harina en el precio final del producto. “El pan se hace con harina y agua, pero la harina no es la formadora del precio, ya que la incidencia de esta históricamente fluctúa entre 15% y 17%. O sea el costo del pan se ve impactado por el resto de los insumos y los impuestos. En la experiencia anterior el resultado fue que no estaba el pan al valor que pretendía el gobierno”, explicó.

Además, manifestó que los molinos pymes “no tenemos márgenes de rentabilidad y el capital de trabajo suficiente para esperar el pago diferido, que no sabemos cuándo llegará” y que debido a la modalidad con la que funciona este sistema, en el cual, según indicó Marino, los panaderos para acceder a la harina subsidiada deben priorizar los pagos a esas empresas proveedoras en detrimento de otras, ya se generó una “interrupción en la cadena de pagos” que afecta a las pequeñas industrias que no participan del FETA.

Intervención de mercados

La intervención de los mercados, especialmente en el sector externo, es una constante que se repitió en todos los gobiernos de corte kirchnerista y el mandato de Alberto Fernández no fue la excepción. Si bien en el caso de los cereales se dieron a lo largo de estos años cierres parciales o totales de las exportaciones para terminar en el establecimiento de los denominados “volúmenes de equilibrio” para asegurar mercadería en el mercado interno, en la carne vacuna fue mucho más contundente, porque la única motivación que tuvo la medida, que todavía perdura, fue bajar el precio del producto. Pero como en los casos anteriores, tampoco tuvo éxito.

Según el relevamiento realizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), en abril los precios minoristas subieron 8,4% y en los últimos 12 meses el incremento acumulado fue del 67,9%. Estos aumentos, notablemente por encima de la inflación general se dan a pesar de que existe un sistema de cuotas para la exportación, la prohibición de despachar siete cortes parrilleros, y el programa de “Cortes Cuidados” que ofrece 12.000 toneladas mensuales en grandes supermercados a precios por debajo de la media del mercado.

“Es evidente que la carne no bajó. Estamos queriendo romper el termómetro para no tener fiebre, porque el problema grave es la inflación y si uno ve lo que pasa en las góndolas se da cuenta que hay un cambio permanente de precios relativos”, indicó el director de la consultora Conocimiento Ganadero, Fernando Canosa. Para el especialistas, “lejos de generar algún tipo de solución, terminó produciendo una gran desconfianza con impacto en la producción. Esta situación ya no admite errores, ya hemos probado con este tipo de medidas en los últimos 40 o 50 años y nos fue mal”.

Para Canosa, la única solución para que los precios de la carne bajen es “producir más”, pero para eso, entiende, es necesario ir hacia una liberación del comercio. “Evidentemente, estamos resolviendo mal y con estas medidas no se lograron los efectos buscados. Es necesario darle confianza al productor y sacar todas las trabas que hay para exportar. Si el productor tiene seguro que se va a poder seguir exportando, va a producir más y mientras más lo haga más barata será la carne, pero esto no se termina de entender y los resultados son los que tenemos ahora”.

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