Bullrich reveló que un piquetero de Chaco abusaba de mujeres que recibían planes y cargó contra los grupos que someten a los más pobres
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, denunció este mediodía que en la provincia de Chaco existen redes de explotación sexual vinculadas a referentes de las organizaciones sociales y que muchas mujeres fueron entregadas “a funcionarios del gobierno anterior” que estaba encabezado por el peronista Jorge Capitanich.
Citó por ejemplo el caso de Jorge Florencio Bregui, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quien luego de estar prófugo decidió presentarse ante la Justicia hace 5 días y fue detenido acusado de abuso sexual contra dos mujeres de 41 y 21 años en la localidad de La Leonesa.
“Es increíble cómo el poder, prostituido, se transformó en un poder aberrante”, dijo Bullrich en una conferencia en Casa Rosada. Y agregó: “Es una brutalidad que vamos a desarmar”.
Consignó, además, que “en 2010 el Tribunal Oral de Resistencia, condenó a 15 años de prisión a una mujer que entregaba chicas para que los políticos las sometan a abusos. Destacó que esa condenada “reclutaba como secretarias a estas mujeres que entraban en la lógica de trata y eran entregadas a funcionarios” vinculados al gobierno anterior.
Según se informó luego en X (ex Twitter) en la cuenta de la Oficina del Presidente Argentino (@OPRArgentina) “esta red funcionaba en la provincia de Chaco comandada por un dirigente piquetero que prostituía mujeres a cambio de otorgar y administrar sus planes sociales”. “El intermediario retenía las tarjetas, obligaba a las víctimas a asistir a marchas con fines políticos, y sustraía parte del dinero suministrado por el Gobierno”, se precisó. La funcionaria prometió avanzar con “un cambio total y absoluto de estos gerentes de la explotación total y absoluta. Ya no son gerentes de la pobreza, sino de la explotación total y absoluta del ser humano utilizando su condición de vulnerabilidad”.
Bullrich estuvo acompañada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, el ministro de Seguridad de esa provincia, Hugo Daniel Matkovich y el diputado provincial Iván Gyoker.
Zdero anunció que desde su lugar como mandatario provincial que ejerce desde el 10 de diciembre está dispuesto a luchar “contra esta matriz corrupta”. “Vamos a luchar contra otros movimientos sociales, este Estado paralelo, porque hay denuncias por el enriquecimiento de otros dirigentes. Hay una firme convicción de acabar con esto”, completó.
Bullrich, por su parte, detalló luego que “tanto la justicia provincial como federal está actuando” en esta investigación y recordó que el caso de Emerenciano Sena, piquetero cabeza de un clan familiar que termina asesinando a Cecilia Strzyzowski. “El gobierno anterior dejó hacer. Sus funcionarios recibían dádivas sexuales. Hasta eso se ha llegado”, denunció la ministra de Seguridad y criticó que los que manejaban los planes sociales y la asistencia creían tener “el poder de dominar a la gente”.
La funcionaria enunció las denuncias que se recibieron en su cartera relacionadas con el manejo de los planes sociales. Y citó que hubo “80 mil llamados. 1.159 denuncias” en los que amenazaban con la quita de ese beneficio y la obligación de ir a las marchas con “piedras y palos” o la de que “caminen por la calle y con chicos pequeños” para desafiar el protocolo que se implementó desde que es ministra.
Su par Cúneo Libarona aseguró: “Estamos ante hechos gravísimos, un proceder sistemático, que permanece en el tiempo. Nos ordenó el presidente Milei combatir el delito, corrupción, narcotráfico, fraude en planes sociales, el lavado de dinero” y dijo que contra eso “lucharemos, vamos a seguir convenciones internacionales contra quienes los malversan. Habrá apoyo normativo e incremento de las penas. Se probó el mal que producen estos intermediarios de planes”.
Luego afirmó que lo del “clan Sena no fue la excepción”. Ante una pregunta de los periodistas acreditados en la Casa Rosada, Bullrich afirmó que la tarea de los movimientos sociales “pudo haber comenzado como causa justa hace 25 años, pero el malandra determinó que terminara en otra cosa. Desde el ministerio de Capital Humano se decidió que no hay más intermediarios, el modo en que utilizaron el poder va en contra de la libertad y la autonomía de las personas”.
Adelantó, además que habrá “un cambio legal, la asociación ilícita para todos los delitos federales para que haya una persecución penal contra los que utilizan el Estado y el poder para beneficio propio”.
Zdero, por su parte, al ser consultado por la responsabilidad que le cabe a su antecesor Capitanich, expresó que “eso se va a definir es la justicia”. “Hay que advertir esta situación. Los estados paralelos, el poder absoluto, fue una meca que todos querían alcanzar. Hubo flotas de camiones y camionetas, barrios cerrados, clara complicidad. En muchos casos, Barraza, Quintín Gómez, Cecilia, todos fueron candidatos en las listas de Capitanich, había una alianza de cada uno de los denunciados con el gobierno anterior”.
