Superávit fiscal y financiero: dónde se hizo el recorte de gastos y por qué advierten que es políticamente insostenible
El viernes por la noche el Gobierno nacional celebró con euforia haber logrado el primer resultado de superávit financiero desde agosto de 2012, pero no tardaron en llegar las voces que afirman que ese escenario es políticamente insostenible. En buena medida, se trata de un superávit ficticio; el problema es que gran parte de los recortes se centran en obras de infraestructura, salud, educación y envíos a provincias, que generan reclamos y conflictos y será muy difícil sostener.
Para entender mejor de qué se está hablando, vale repasar algunos de los números difundidos por el Ministerio de Economía. En lo que respecta a ingresos no hay mucho que analizar; los resultados muestran una coherencia entre la recaudación y los actuales niveles de inflación (los ingresos crecieron 256,7% en términos nominales).
El ahorro en los gastos corrientes
En donde sí hay mucho para entender es en los gastos primarios. De acuerdo a las estadísticas difundidas por Economía, los gastos corrientes primarios pasaron de $1.772.050 millones en enero de 2023 a $4.059.382 millones en igual mes de este año. Con eso, se registró un crecimiento nominal del 129,1%, la mitad de la inflación anual de ese período (254,2%). Aunque crecieron nominalmente, los gastos corrientes primarios se ajustaron 125,1 puntos por debajo del IPC. Dicho de otra forma, cayeron en picada.
Dentro de ese resultado, el recorte más notorio fue en las transferencias corrientes a provincias, que no sólo cayeron en términos reales, sino que se contrajeron incluso en términos nominales (-0,9%). También se ajustaron por debajo de la inflación los subsidios económicos (27,5% de aumento nominal entre enero de 2023 e igual mes de 2024), las transferencias a universidades (143,9%), las prestaciones sociales (149,2%) y los gastos de funcionamiento (154%).
Los gastos de capital
El recorte fue, en términos porcentuales, mucho más marcado en los gastos de capital. Es que en forma conjunta demandaron un gasto de $77.105 millones, contra $155.093 millones de igual mes del año pasado, lo que implica una caída del 50% en términos nominales.
El cuadro de abajo muestra en amarillo las partidas que aumentaron en términos nominales, pero menos que la inflación, y en naranja las que cayeron incluso en términos nominales, con lo cual colapsaron en términos reales. No se salva ni una sola partida.
Dentro de las subcategorías de “gastos de capital”, el recorte más pronunciado se produjo en la Educación, que sufrió una caída nominal del 95,2% en las erogaciones. Le siguieron en orden descendente Vivienda (-88,1% nominal interanual), transporte (-66,3%), Agua potable y alcantarillado (-21,5%) y Energía (-19,2%).
Críticas al recorte y dudas sobre el superávit
Entrevistada por radio Mitre, Marina dal Poggetto, directora de la consultora Eco Go, cuestionó la sostenibilidad del resultado fiscal de enero. “La pregunta es si una megalicuación malthusiana de las jubilaciones, corte total de la obra pública y prácticamente total de transferencias a provincias, generando conflicto distributivo no solo entre capital y trabajo, sino entre la Nación y las Provincias, es sostenible”, planteó la economista. “Después del fracaso de la ley ómnibus. Milei tildó de traidores a los gobernadores. No hay una ‘Liga de Gobernadores’, no todos quieren estar del mismo lado, pero el riesgo es que los junte a todos”, señaló.
A su vez, un trabajo del Ieral sobre el ajuste fiscal señaló que la licuación de pesos y gasto realizada durante los primeros 60 días de gestión de Milei, “sólo puede darse por única vez”. El trabajo muestra, además, que 4 de 5 indicadores comparativos sobre la evolución de la actividad económica en la etapa inicial del gobierno de Macri vs igual período del gobierno de Milei dan resultados mucho peores a la actual gestión.
De hecho, el gobierno bonaerense, que encabeza Axel Kicillof, ya exigió formalmente, a través de una nota del ministro de Economía provincial, Pablo López, al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el pago de supuestas deudas vinculadas a dos grandes conceptos. De un lado, la regularización de las transferencias acordadas en el Consenso Fiscal 2017 que -argumenta la provincia- “incluye, en primer lugar, la correcta actualización de las sumas correspondientes al año 2024, ya que ha habido una decisión deliberada de licuarla al aplicar una actualización muy por debajo de la inflación proyectada”. Del otro, a la cancelación de la deuda que se generó en 2023 por la diferencia entre la inflación efectiva y la proyectada, pues el año terminó con una inflación de 211%, un valor mucho mayor al previsto. Además, la provincia reclamó el envío del “Fondo para Fortalecimiento Fiscal” (concedido por decreto de Alberto Fernández en 2020, cuando recortó fondos a CABA para sofocar un reclamo policial de la policía bonaerense) y adelantó que hará lo propio con el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y el Fondo Compensador del Interior.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) ya había analizado el resultado presupuestario de enero marcando, con algunas diferencias numéricas, los principales “aportes” al superávit por el lado de la caída de las erogaciones en términos reales: de 30,8% en el gasto primario total, de 75,6% en los gastos de capital, de 59,6% en los programas sociales, de 53,3% en transferencias corrientes a provincias, de 32,5% en jubilaciones y pensiones (-32,5%), de 18% en gastos en personal, de 17,7% en asignaciones familiaresy de 16,5% en transferencias a universidades. Recortes que aumentan día a día la conflictividad y será muy difícil sostener.
Ciclo lectivo en riesgo
En el Congreso, en tanto hay movidas para forzar al ejecutivo a convocar a una paritaria docente y fijar el mínimo salarial del sector, además de obligarlo también a enviar a las provincias el llamado “Fondo de Incentivo Docente” (Fonid), creado en 1998 y que hoy explica entre 10 y 15% de lo que cobran los docentes. En los números difundidos por el Gobierno nacional, figuran devengados $46.855 millones en concepto del Fonid, pero no han sido transferidos a las provincias.
El argumento del gobierno es que la educación y los salarios docentes son responsabilidad de las provincias (de hecho, así lo establece la Constitución Nacional sancionada en 1994, con los votos de la entonces convencional Cristina Fernández de Kirchner) y que la última prórroga al Fonid (ley que en su origen se había establecido por 5 años) venció el 31 de diciembre de 2023. A lo que la oposición replica que esos fondos estaban contemplados en el presupuesto 2023, otra ley.
Más allá del debate legal, está la cuestión política y la proximidad del inicio del ciclo escolar, que en algunas provincias se inicia el lunes 26 de febrero y en el resto el lunes 4 de marzo. En la cámara de Diputados hay iniciativas del kirchnerismo, del radicalismo y del bloque liderado por Pichetto para prorrogar nuevamente el Fonid. Si llegaran a ponerse de acuerdo, hasta podrían llegar a tratar el tema sobre tablas, lo que sería otra derrota legislativa para el gobierno.
Este sábado, en una entrevista radial, Sonia Alesso, secretaria de Ctera, el gremio nacional docente, dijo que en enero el gobierno nacional no solo no envió el Fonid, sino que tampoco envió recursos a un Fondo Compensador para comedores escolares que suministran una “Copa de Leche” y que tampoco envió fondos para la construcción y reparación de escuelas técnicas y medias. Además, citó que debido al aumento del costo de las escuelas privadas está habiendo un traslado de alumnos a las escuelas públicas.
¿Tormenta eléctrica?
En el sector energético, en tanto, en una reunión del Comité Ejecutivo de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), se describió la actual situación como una “tormenta perfecta”: la empresa se quedó sin fondos para pagar a los generadores por al menos $884.000 millones, que fue el último pedido de fondos que hizo a Economía, pero no tuvo respuesta.
Cammesa es intermediaria: les cobra a los distribuidores y les paga a los generadores. La distribución, en el caso de la energía eléctrica, no es federal, sino que cada provincia tiene su compañía (propia o concesionada) y cobra su tarifa. El Estado Nacional sólo fija la remuneración de Edenor y Edesur para el AMBA. Con precios planchados durante varios años, se generó una gran disparidad entre distritos que en parte se compensa porque el Estado nacional subsidia el componente más importante de la factura que pagan los consumidores, el precio mayorista de la energía. Las distribuidoras dejaron de pagar a Cammesa –argumentando que no podían subsistir sin aumentar tarifas– y se generó una deuda total que a enero suma unos $400.000 millones. Había un compromiso de que las distribuidoras recibirían actualizaciones en las tarifas, que no se cumplió, y las empresas empezaron a cubrir gastos operativos, entre otros, con ese dinero no transferido.
En la otra punta del negocio, Cammesa les paga a las generadoras de energía, tanto de gas como de electricidad, sumas mucho más elevadas. Ayer, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, señaló que desde hace casi dos décadas “se rompió un principio fundamental” y tratan de transmitir a la gente que la tarifa que se paga tiene que reflejar el costo del suministro. También que los subsidios se relacionan con la capacidad adquisitiva de la gente. “Estos conceptos que parecen tan básicos estaban muy mezclados”, destacó. El Estado, vía transferencias a Cammesa, era en definitiva el que le pagaba a los generadores. “Ahí ya teníamos un primer problema: el costo no llegaba claramente a la gente”, detalló.
Más allá de la explicación y de que Energía asegure que pagará, hay muchas dudas de que eso ocurra, debido al mandato de “déficit cero” que ayer ratificaron el presidente Milei y el ministro Caputo. La duda básica es si se va a cubrir la deuda ya existente. Cammesa pidió fondos dos veces, por $798.000 millones en diciembre y luego $884.000 millones en enero. Pero no obtuvo nada.