Mientras negocia un acuerdo nuevo, el Gobierno activó la nueva fórmula jubilatoria para cumplir un pedido del FMI
En la semana en que el retomará las cada vez más visibles conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para analizar si concretarán un programa nuevo, el Gobierno activó por decreto un cambio en el esquema de actualización jubilatoria y dio espacio así a uno de los reclamos que había explicitado el organismo en las últimas semanas: que el fuerte ajuste fiscal deje de estar sostenido en el gasto previsional.
El ministro de Economía Luis Caputo tendrá esta semana un encuentro con el director del Departamento del Hemisferio Occidental Rodrigo Valdés, que no participa de una misión oficial del FMI en Buenos Aires pero que llegará a la ciudad para exponer en un seminario financiero este martes. En una entrevista televisiva el domingo por la noche, el jefe del Palacio de Hacienda aseguró, sobre la negociación con el organismo que “recién empezamos” y que “es difícil decir si habrá acuerdo o no”.
“Estamos explicando lo que sería nuestro esquema monetario y cambiario. Si el Fondo no está de acuerdo exploraríamos otros caminos”, apuntó en diálogo con La Nación +. El ida y vuelta con el FMI versa sobre un apoyo con desembolsos nuevos para reforzar el Banco Central a cambio de medidas estructurales, principalmente el desarme de controles cambiarios, explicó el jefe del equipo económico.
Hace poco más de un mes la subdirectora gerente del Fondo Gita Gopinath encabezó una comitiva formal y como una de sus conclusiones pidió que el ajuste para alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas “no recaiga desproporcionadamente” sobre los trabajadores para asegurar la viabilidad social y política del proceso de corrección fiscal.
Si bien el pedido de protección a los más vulnerables suele ser una constante en las declaraciones del Fondo Monetario en contextos de apoyo a planes de ajuste fiscal, el organismo planteó en distintas ocasiones, para el caso argentino, que los recortes presupuestarios deben asegurar que las jubilaciones y la asistencia social no pierda poder de compra de manera continua. Gopinath, en esa misma declaración de cierre de su visita, había asegurado que “es esencial sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones”.
El Fondo espera que este año haya un menor gasto previsional en comparación con el 2023, un ajuste de 0,3% del PBI aunque la nueva fórmula podría otorgarle al Gobierno un ahorro mayor
Algunos días después la portavoz del organismo Julie Kozack reforzó esa idea: “Dada la muy delicada situación social, junto con las ya muy altas tasas de pobreza en Argentina, será importante asegurar asistencia social adicional y preservar el valor real de las pensiones. También se necesitan esfuerzos sostenidos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población”. En el lugar en el que el FMI vuelca de manera más formal sus propuestas, el informe de staff que hace luego de cada revisión técnica trimestral, el organismo coincidió en la idea de indexar por inflación los haberes y saludó la intención del Poder Ejecutivo de no renovar moratorias jubilatorias. En rigor, el Fondo espera que este año haya un menor gasto previsional en comparación con el 2023, un ajuste de 0,3% del PBI.
La preocupación del Fondo Monetario sobre la sustentabilidad del ajuste fiscal en un marco de indicadores sociales en deterioro (esta semana se conocerá el índice de pobreza e indigencia del cierre de 2023) está relacionada a cuánto de la corrección fiscal de los primeros dos meses del año, que condujeron al sector público hacia el superávit financiero, estuvo explicado por un gasto menor en jubilaciones y pensiones.
Un informe de IEB Research lo puso en números. “La mayor contribución al ajuste en los gastos, en términos absolutos, llegó a través de las jubilaciones y pensiones contributivas, las cuales cayeron en términos relativos interanual un 37,97%, explicado principalmente por la licuación de las mismas dado que la fórmula de movilidad actual aplica actualizaciones con inflación rezagada. Continúa vigente entonces la pregunta de qué tan sostenible es el camino con el que se alcanzaron los últimos superávit, afectando el poder adquisitivo de las prestaciones sociales”, planteó.
“De todas formas, vale la pena aclarar que el gasto social representa más de la mitad del gasto primario, con lo cual un ajuste sería prácticamente imposible sin afectar dicho rubro, y que al momento de publicarse el cierre del SPNF (sector público no financiero) de marzo, debería observarse una moderación en la caída del rubro analizado, debido a la actualización trimestral”, mencionó IEB Research.
Caputo tendrá esta semana un encuentro con Rodrigo Valdés, que no participa de una misión oficial del FMI en Buenos Aires pero que llegará a la ciudad para exponer en un seminario financiero
La manera en que el Gobierno lleva adelante el ajuste fiscal también es mirado de reojo por el FMI, en especial porque Washington propicia la recomposición, de la forma más inminente posible, de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, un tributo que considera decisivo para concretar el déficit cero este año sin que la motosierra tenga que podar de forma tan insistente sobre partidas sensibles del gasto público. Ganancias, por el momento, está incluido en la nueva versión de la ley ómnibus que el Poder Ejecutivo hizo circular entre los gobernadores. Algunos mandatarios provinciales son reticentes a la idea de que empleados de sus distritos tengan que volver a pagar el impuesto por sus salarios.
La nueva fórmula jubilatoria, que fue anunciada el viernes por la Casa Rosada y promulgada hoy en el Boletín Oficial, podría implicar una ahorro fiscal que le dé al equipo económico una herramienta más para acercarse al déficit cero. De acuerdo a estimaciones del economista y director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) Nadin Argañaraz, la aplicación de la indexación mensual -con el empalme entre fórmula y fórmula que se traducirá en un aumento por única vez de 12,5% como compensación por la inflación de enero y febrero, una suma menor al IPC acumulado- le podría reportar al sector público un ahorro de 0,7 puntos del Producto Bruto, estimó ante una consulta de Infobae. Sería, a priori, un número más alto que el 0,4% del PBI que había calculado el Ministerio de Economía en una primera instancia sobre cuánto del ajuste total (de 5 puntos del PBI) le correspondería al gasto previsional.