Ganancias: a la espera de una nueva ley, la AFIP postergó el plazo para que los trabajadores informen sus deducciones del 2023
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) postergó hasta el 30 de abril de 2024, inclusive, el plazo para que los trabajadores en relación de dependencia informen a sus empleadores las deducciones anuales del Impuesto a las Ganancias del año 2023.
El objetivo de la norma, que se publicó este martes en el Boletín Oficial, “es brindar seguridad jurídica respecto de la liquidación anual del Impuesto a las Ganancias del año 2023″, se explicó en el organismo que conduce Florencia Misrahi.
Al respecto, se detalló que “la liquidación provisoria efectuada durante el año se vio modificada por diversos decretos del Poder Ejecutivo nacional que no tuvieron su reflejo en las pertinentes disposiciones legales”.
Por este motivo, “el actual Gobierno ha presentado un proyecto ante el Honorable Congreso de la Nación para validar, con jerarquía de ley, las disposiciones provisorias dictadas por el Poder Ejecutivo durante el año 2023″.
De este modo, “la liquidación anual por parte de los empleadores, a partir del dictado de la presente resolución general, se realizará durante el mes de mayo procediendo a efectuar las devoluciones del impuesto retenido en exceso a los trabajadores hasta el 10 de junio de 2024″.
En 2023 el ministro Sergio Massa impulsó la eliminación del tributo en los trabajadores de la cuarta categoría y una reforma en el Congreso, que el gobierno de Javier Milei busca modificar.
Entretanto, se creó una brecha entre lo que pueden declarar quienes pertenecen al régimen general y los que entran en el impuesto cedular. En este caso, las deducciones son bastante más acotadas (apenas el servicio de casas particulares).
El debate legislativo
El Gobierno colocó sobre la mesa una nueva modificación del Impuesto a las Ganancias para negociar con los gobernadores. Pero, más allá de los cruces políticos, la clave es determinar cómo debe quedar este tributo luego de los desprolijos cambios que se adoptaron en los últimos años.
Según los gobernadores, el Gobierno propuso que se empiece a pagar desde un piso de $1,5 millones; cabe recordar que la reforma aprobada en plena campaña electoral el año pasado, elevó el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a 15 salarios mínimos, equivalente a un salario mensual de $3 millones este mes, según el último incremento del salario mínimo a 202.800 pesos.
La consultora Econométrica recordó que con la aprobación de la nueva ley dejaron de tributar 800 mil asalariados, con un costo fiscal anual de 0,4% del PBI. Ahora tributan sólo 90.000 asalariados, menos del 1% de los casi 10 millones de asalariados registrados entre el sector privado (6,4 millones) y el sector público (3,5 millones).
Los expertos en impuestos consultados por Infobae destacaron que hay que volver a instaurar el tributo con alícuotas razonables, actualización por inflación y equidad entre autónomos y asalariados.
Al respecto, el presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, José Simonella, dijo que “habría que aprovechar la oportunidad para trabajar en diseñar un nuevo Impuesto a las Ganancias, más equitativo que el que existía antes de la modificación impulsada por Sergio Massa y analizado fuera de la urgencia con que parece quieren volverlo a instaurar”.
Su par del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, Gabriela Russo, dijo que “sería conveniente que se partiera de montos actualizados. Hay que tomar en cuenta que con los altos índices de inflación que se dieron en estos meses, los importes de deducciones personales y escalas -contemplados en la norma elevada en enero-, deberían adecuarse para luego si aplicar el mecanismo de actualización previsto en el proyecto. Esta medida ayudaría a morigerar el impacto del cambio de régimen, por lo que sería tomada con beneplácito por todos”.
Al respecto, César Litvin sostuvo que el impuesto “debe reformularse de tal manera de tener un mínimo no imponible y el resto de las deducciones personales con un sistema de actualización como mínimo trimestral para que no quede de alguna manera congelado”, frente a la suba de la inflación.
Francisco Peris de Andersen afirmó que “resulta esencial definir un nuevo piso a partir del cual se tributa el impuesto a las ganancias, en base a un criterio de razonabilidad, que se ajuste a la realidad del ciudadano promedio en el país, en base a sus gastos de salud, educación, vivienda, vestimenta y alimentos”. Además, consideró que debería aplicarse el criterio de progresividad “característico de este tipo de tributo”.
Diego Fraga aseguró que “el impuesto debe recuperar su progresividad, con un piso que no sea tan bajo como el vigente antes de la ley que impulsó Massa, pero tampoco tan alto. Lo importante es que los sectores de ingresos bajos y medios tributen de manera razonable y que sólo los de ingresos altos recién sean alcanzados por la alícuota máxima. Las escalas deben ser largas y suaves, es decir, que no se sienta tan violentamente el paso de una escala a la que está por encima”.