Los gobernadores envían señales de alerta a Casa Rosada por la situación económica y piden por medidas de contención
Martín Llaryora (Córdoba): “En algún momento la esperanza de los argentinos se va a acabar. Ya no se aguanta más. Ahora hay una suba más de nafta. La verdad es que ya no se llega a fin de mes”.
Osvaldo Jaldo (Tucumán): “Estamos viendo el impacto negativo en nuestras arcas financieras y a este ritmo vamos a empezar a tener problemas sociales en las provincias”.
Raúl Jalil (Catamarca): “Si tuviéramos más acuerdo político con los sindicatos, los movimientos sociales y los gobernadores sería un camino más fácil para lograr los objetivos”.
Gustavo Sáenz (Salta): “En este país siempre la variable de ajuste son los jubilados. Hay que resolver esto de una vez por todas. A este país le falta humildad, humanidad, sensibilidad y solidaridad”.
Alberto Weretilneck (Río Negro): “A partir de la asunción de Milei el costo de vida aumentó un 71%. Nuestra coparticipación nacional cayó un 14%. A los empleados de la salud, no esperen respuestas milagrosas porque no las va a haber”.
Cinco gobernadores. Cuatro espacios políticos distintos. Cinco señales de alerta para el gobierno nacional en temas diferentes. Una situación económica cada vez más endeble. Una crisis que se agranda en paralelo a la baja de inflación y el regreso de las importaciones. Más recesión y más pobres. Más dólares y menos riesgo país.
Los gobernadores de todo el país están levantando la mano, cada vez con más asiduidad, para plantearle a Javier Milei la necesidad de un cambio de rumbo. O, tal vez, un objetivo menos ambicioso: frenar el plan de ajuste fiscal frente al deteriorio de la vida económica de los argentinos.
El slogan “No hay plata” que el Gobierno viene planteando en forma reiterada desde el inicio de la gestión, puede llegar, en forma más brutal, al plano social. En otras palabras, en un puñado de meses la gente puede qudarse sin plata para pagar las cuentas básicas de un hogar. Luz, gas, agua e impuesto inmobiliario. Además de internet y telefonía celular.
Los sueldos no alcanzan y el malhumor social crece de abajo hacia arriba en forma lenta. No hay conflictos sociales visibles, lo que muestra la decisión de una mayoría de la población de tolerar el ajuste sin demasiados cuestionamientos. Los mandatarios están viendo otra realidad que está detrás de esa realidad positiva para la Casa Rosada. Lo que pasa entre bambalinas y no se puede ver en el escenario.
En abril habrá aumentos en electricidad, gas, agua y transporte. También en combustible. Además de la suba sistemática de los precios en los alimentos. Los gobernadores temen que en esta tanda de aumentos el tejido social se rompa y las intendencias y gobiernos provinciales, que funcionan como dique de contención de la crisis, dejen de ser útiles para frenar la caída de una gran parte de la población por debajo de la línea de pobreza.
Los cinco gobernadores que hablaron en la última semana forman parte de un grupo que tiene la intención de colaborar con Milei y su gobierno. Incluso, han dicho en público, como es el caso del gobernador de Córdoba, que están dispuestos a apoyar la nueva ley Ómnibus. Más chica, menos ambiciosa y más negociada. Pero hay un lado B que también lo expresan en público y que el Gobierno no asimila. El ajuste debe tener un límite.
“Cada vez que nos encontramos con representantes del Gobierno es más de lo mismo. No hay expectativa porque nada cambia”, se sinceró un gobernador del norte grande, apesadumbrado porque el tiempo pasa, el paquete fiscal no se termina de cerrar y las promesas flotan en el aire en forma interminable.
El regreso del impuesto a las Ganancias y la suspensión en los giros del ANSES a algunas cajas de jubilaciones provinciales, están en la lista de los temas que aún no tienen resolución, además de la eliminación del FONID y el impacto de la quita de subsidios al transporte y la energía que, en muchos casos, son subsanados por fondos provinciales.
Muchos gobernadores están preocupados por la situación social, por el aumento de la recesión, el alza de los servicios, el aumento de alimentos, combustibles y obras sociales, y la pronunciada caída del consumo. Un escenario donde la retracción económica está deteriorando la calidad de vida a pasos agigantados. Un panorama complejo que el Gobierno promete revertir en el segundo semestre.
“La situación se va a poner cada día más complicada y compleja. No están midiendo bien el impacto de las medidas. Se cuadriplicó la ayuda social en los comedores”, señaló un gobernador del sur del país, preocupado por las múltiples medidas del Gobierno que, según ve él y muchos otros de sus colegas, pueden desestabilizar completamente el equilibrio económico de las familias de clase media.
Más allá de que se postergue la quita de más subdios a la tarifa del gas y la electricidad para junio o julio, entre los gobernadores lo que ven es que la gente ya no tiene margen para tolerar un aumento pronunciado del costo de vida, mientras sus ingresos se degradan a toda velocidad.
El problema de ese cuadro de situación es que si no hay una recuperación económica en V, como marca el gobierno nacional, el clima social puede empezar a enrarecerse. Por eso lanzan señales de alerta cada semana y desde diferentes puntos del mapa argentino.
Los mandatarios provinciales le temen a ese escenario debido a que están viendo que aumentó la demanda sobre el sistema público de salud, que creció el pedido de ayuda social a los gobiernos provinciales y que las arcas locales están vacías, luego de que el Gobierno decidiera cortar transferencias (discrecionales y no automáticas), además de postergar la resolución sobre un impuesto coparticipable que tape el agujero fiscal que generó la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias.
La semana que viene el Gobierno, con el ministro del Interior, Guillermo Francos, a la cabeza, recibirá a los mandatarios de Juntos por el Cambio para tratar de avanzar en un acuerdo del paquete fiscal y puntear los artículos de la nueva ley Ómnibus, con el fin de abrir el camino para sacar, finalmente, el proyecto que fracasó en febrero. Si no hay avances concretos en esa parte de la negociación, será difícil que haya un paso adelante conjunto rumbo hacia el Pacto del 25 de Mayo. El acuerdo que Milei quiere usar para refundar su Gobierno pero que los gobernadores ven endeble y vacío de contenido.
