Baja de imputabilidad: cuáles son los países en los que los menores de hasta 14 son condenados por sus delitos
Desde la pandemia por COVID-19 hasta la actualidad, la cantidad de delitos cometidos por menores de edad se disparó hasta alcanzar un pico de 2.197 causas que se registraron en todo el país durante el 2023. Ante el crecimiento acelerado del indicador, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, adelantó que el Gobierno planea presentar un proyecto de ley para que la edad mínima de responsabilidad legal pase de los 16 a los 14 años. En el resto del mundo, al menos diez países han determinado que se trata de la edad justa para que una persona sea capaz de asumir las consecuencias de sus actos.
A nivel mundial, el derecho argentino supo ganarse laureles al transformarse en pionero de varios tópicos legales como, por ejemplo, las sanciones aplicadas a las personas que incurrieran en el delito de trata de personas y los derechos garantizados a sus víctimas en la Ley N° 26.364. Sin embargo, en materia de responsabilidad penal juvenil, Argentina es uno de los pocos países que han mantenido el tope mínimo en los 16 años junto con Cuba.
Hasta el momento, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela conforman la lista de los países de América Latina y el Caribe que han establecido que la edad mínima de imputabilidad sea de 14 años. No obstante, UNICEF señaló que la mayoría de los Estados han optado por trazar el límite en los 12 años (Bélice, Brasil, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica, México, Panamá y Santa Lucía).
El hecho de que estos seis Estados llegaran a un acuerdo que habilitó a sus respectivos Poderes Judiciales a condenar a los menores de 14 años en adelante fue producto de una extensa, pero sostenida discusión sobre qué hacer con aquellos adolescentes que delinquen. El proceso comenzó hace poco más de 20 años y fue Paraguay el primero en determinar esta minoría de edad luego de que se promulgara la Ley N° 1.680 que regula el Código de la Niñez y la Adolescencia paraguaya en 2001.
Otro gobierno en seguir los pasos de Paraguay fue Colombia al sancionar en 2006 la Ley N° 1.098 que enmarca al Código de la Infancia y la Adolescencia, mientras que Perú modificó la Ley Nº 27.337, conocida como el “Código de los Niños y Adolescentes referente al pandillaje pernicioso”, un año después. Es imperioso recalcar que las leyes colombiana y peruana comprenden sanciones de tipo socioeducativas orientadas a corregir la conductas de los menores condenados, no así como la normativa paraguaya que también contempla medidas correccionales y la privación de la libertad.
Durante la década pasada, otros tres países readaptaron su marco legal para ampliar el rango etario alcanzado por el sistema penal, es decir, para que los mayores de 14 también pudieran cumplir penas en cárceles para adolescentes. El primero fue Bolivia al reajustar su Ley N° 548: Código Niña, Niño y Adolescente y, tres años después, Chile haría lo propio con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley N° 20.084).
En la misma oleada, Venezuela fue el único país que subió la edad de imputabilidad de 12 a 14 años en 2015 como consecuencia de que la minoridad establecida despertara las críticas de varios sectores internacionales. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al respecto para sostener que “la fijación de la edad mínima penal debería siempre ser superior a los 12 años y preferiblemente lo más cercana a los 18 años”.
Por otro lado, si también se observa el funcionamiento de los sistemas penales europeos, es más notorio que los Estados han establecido a los 14 años como edad mínima de responsabilidad penal. Sin embargo, cada país sentó bases diferentes, por lo que los veredictos que pudiera adoptar un juez de menores pueden variar según el territorio.
En el caso de España, desde el año 2000 que la edad punitoria descendió hacia los 14, pero la legislación no admite que los menores que delinquen afronten sanciones penales. Por otra parte, las normativas de Italia, Austria y Alemania podrían contemplar una penalización, si se demostrara que el adolescente juzgado estaba en plena consciencia de sus actos y pudiera ser capaz de comprender la gravedad de los mismos. Además, el régimen penal aplicado a menores de edad en Inglaterra comparte cierta similitud con estas condiciones, salvo que la definición de minoridad varía entre los 10 y los 17 años.
En Argentina la cuestión volvió a cobrar relevancia como consecuencia de la detención de un adolescente de 15 años, acusado de haber sido el autor material del crimen de Bruno Bussanich, el playero asesinado en Rosario durante la madrugada del 10 de marzo. Previamente hubo un antecedente fallido durante la gestión de Mauricio Macri, cuando el por entonces oficialismo presentó un proyecto de ley en 2019, para que la edad de imputabilidad penal sea de 15 años.
En esta segunda oportunidad, desde el Ministerio de Justicia ya habían anticipado que el tema era una de las tantas modificaciones que Cúneo Libarona pretendería realizar en el régimen penal argentino. No obstante, el asesinato de Bussanich aceleró el proceso de trabajo del ministro y su equipo, quienes optaron por no descansar durante el fin de semana extra largo motivado por Semana Santa y el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas.
El caso provocó que la iniciativa ganara relevancia en el Poder Ejecutivo. “El pedido del presidente es que se presente cuanto antes y así se hará, pero es un proyecto muy sensible que debe ser presentado con mucha rigurosidad”, señalaron desde la cartera a Infobae, tras mencionar que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y sus colaboradores también se involucraron en la creación de la normativa.
Por su parte, el ministro de Justicia sentenció que el régimen penal de minoría de edad en la Argentina “tiene que cambiar sustancialmente”, tras anticipar que la iniciativa apuntaría a constituir un sistema más educativo y formativo. “No te sirve meterlo preso, te sirve un tratamiento serio”, remarcó días atrás durante una entrevista con el programa “Somos Buenos”, de TN.
De la misma manera, Cúneo Libarona argumentó la necesidad de actualizar la normativa que fue puesta en vigencia durante la década de los 80 al interpretar que “el chico de la ley de 1980 que nos rige no es el mismo chico de hoy, el de 14 de hoy vuela”. Asimismo, planteó que el acceso a los teléfonos celulares y la tecnología facilitaron el ingreso de los menores al mundo de la delincuencia.
Incluso, adelantó que él mismo pasaría a estar al frente del Instituto de Menores, debido a que estimó que encabezar el proyecto le daría un mayor control sobre el funcionamiento del nuevo sistema. Aunque la medida requerirá del apoyo del Congreso para ser oficializada, el titular de la cartera mantiene las esperanzas de que la iniciativa reciba el visto bueno. “Nos tenemos que poner de acuerdo”, concluyó al destacar que el consenso sería posible, y de resultar así, el proyecto de ley se convertiría en el primero que el oficialismo conseguiría promulgar durante el primer año del mandato de Javier Milei.
