La familia del hincha de Chacarita asesinado en pleno partido reclama medio millón de dólares de resarcimiento: los detalles de la demanda

¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto si ese hombre es asesinado en un estadio de la Argentina? ¿Y cuánto si todo es producto de una pelea entre propios miembros de la hinchada? A todas esas preguntas, la familia de Jorge Durán, el hincha de Chacarita asesinado el 3 de febrero en la cancha del Tricolor en medio del partido contra Deportivo Maipú por la Primera Nacional, le acaba de poner una respuesta: medio millón de dólares. Que obviamente no suplirán el dolor infinito de ya no tenerlo en vida, pero que sería un resarcimiento psicológico y moral por un crimen como hace rato no se veía en una cancha de fútbol argentino. De concretarse por esta suma, estaríamos ante la indemnización más importante por estos hechos en la historia. Y los demandados son los organizadores, Chacarita y la AFA, y la compañía El Surco, que es la que lleva adelante el seguro del espectador y que en definitiva es la que siempre termina pagando ante un fallo adverso.

Para entender la historia hay que remontarse a aquella tarde de febrero. En el entretiempo, en medio de la tribuna local donde se ubica la barra de Chacarita apodada La Famosa Banda, se empezaron a ver corridas y golpes de puño. Había una interna entre un grupo del barrio Libertador, al que pertenecía Jorge Durán, con uno del súper picante barrio Nueve de Julio. La acción se trasladó al bajo tribuna y en el acceso al estadio por ese sector, apenas traspasando los molinetes, Durán discutió con el Negro Oscar Argüello, líder del otro bando, y de atrás, según la Justicia, apareció Christian Miguel Ledesma Torres, apodado Chancho Blanco, quien le asestó un puntazo fatal.

Fue tal la magnitud del ataque que, según la pericia forense, el hincha de Chacarita se desangró instantáneamente y falleció casi de inmediato. Si bien el trámite penal está en su fase final, con Ledesma Torres con prisión preventiva confirmada y alojado en la Alcaidía del Penal de San Martín, ahora su familia va por el juicio civil. Con el patrocinio del abogado Fernando Burlando, solicitan por daños y perjuicios un monto de 514.216.271,97 pesos a repartir entre Marcela, la esposa de Durán, y sus cuatro hijos. A esa cifra se llega por tres vías. La primera, la incapacidad psíquica producida por el hecho a los familiares que implica además el lucro cesante y los gastos de tratamientos médicos y psicológicos para afrontar tamaña situación. En este cálculo se reclaman 113 millones de pesos. La segunda es lo que Durán, de 43 años, podría haber producido en vida para asegurar a su familia las condiciones de vivienda, salud, educación y esparcimiento a partir de su situación económica y su expectativa de progreso (trabajaba en una empresa de higiene urbano). Por este concepto se reclaman 150 millones de pesos. También hay un reclamo de 250 millones dividido en cinco partes para cada integrante de la familia en concepto de daño moral. Y otro millón se pide por todos los gastos que se debieron afrontar por el sepelio. La sumatoria total da los 514 millones mencionados anteriormente, equivalentes a medio millón de dólares.

¿Qué puede pasar? Hasta el año 2007, la AFA solía escabullirse y echarle la culpa al club organizador o al Estado por el deficiente operativo de seguridad. El caso más emblemático de esta historia fue cuando el jugador de San Lorenzo Claudio Zacarías sufrió una agresión tremenda en 1988 en la cancha de Instituto de Córdoba, donde casi pierde la vida y la Justicia sólo penalizó al club que por entonces se declaró insolvente y finalmente mucho tiempo después llegó a un acuerdo privado con la AFA. Pero en marzo de ese 2007, la Corte Suprema de Justicia hizo un fallo histórico tras la pérdida de un ojo producto de quedar en medio de una batalla de barras de un remisero llamado Hugo Mosca, que había llevado a dos periodistas del diario Clarín a cubrir un partido en cancha de Lanús.

En ese fallo, la Corte dijo que la entidad madre era solidariamente responsable. Desde ese momento, cambió la jurisprudencia y la compañía de seguros El Surco, que desde la época de Julio Grondona es la que tiene el seguro del espectador, debió afrontar las demandas. Quizá el caso más parecido al actual fue el crimen el 5/9/2000 del hincha Roque Miranda en el estadio Mundialista de Córdoba en medio de un partido entre Talleres y Lanús. Se desató una pelea interna en la barra de Talleres y Miranda fue asesinado también con un puntazo de arma blanca y la compañía aseguradora debió pagar 100.000 dólares.

En el caso de Durán, si bien se demanda al asesino, al club, a la AFA y a El Surco, la familia dice que apunta sólo a la compañía aseguradora. “Jamás querríamos hacerle un daño al club que Jorge llevaba en su corazón”, aducen. Pero formalmente deben hacer extensivos a todos los actores hasta llegar a quien realmente es el que afronta el pago. La causa penal además tuvo vericuetos muy llamativos. Porque el primero que cayó preso sospechado del asesinato fue el Negro Oscar, que era con quien estaba discutiendo Durán. Es más, en la investigación fiscal hay varios referentes de la barra de Chacarita, entre ellos uno de los hermanos Pulisic que manejan todo lo que ocurre en La Famosa Banda junto a su madre Angélica Molina, que lo sindican de entrada a él como el autor del hecho fatal porque lo vieron en ese momento en medio de lo que estaba pasando, aunque después dijeron que era por comentarios de otras personas.

Pero después hay un testigo, de quien Infobae reserva su identidad, que da con el nombre exacto de quien habría dado el puntazo. A partir de ese dato se vuelven a revisar todas las cámaras de seguridad y se demuestra según la instrucción fiscal que Ledesma Torres, apodado Chancho Blanco, saca algo de su riñonera y le da el facazo. En su defensa, el barra aseguró que sólo se fijó en la riñonera si tenía las llaves de su casa, porque creía que podía haberlas perdido en el tumulto, y que el movimiento que hace con su mano derecha que se ve en el video en el instante en que agreden a Durán, en realidad era para avisarle a su hermano que se iba. No fue lo que entendieron la fiscal Gabriela Disnan y el juzgado de Garantías 1, que le decretaron la prisión preventiva y lo mandaron al penal de San Martín hasta que se realice el juicio, que podría llevarse adelante antes de fin de año.