La peor noticia para los Moyano: los diputados mantendrán en la Ley Bases el artículo que penaliza los bloqueos sindicales
Si no hay algún cambio de último momento, la Cámara de Diputados convalidará esta semana los cambios que introdujo el Senado en la Ley Bases y de esa forma, por fin, el Gobierno podrá celebrar la sanción de la “modernización laboral”. Sería la peor noticia para los Moyano: una de las principales modificaciones que votaron los senadores penaliza los bloqueos contra las empresas al considerar que ese tipo de protestas representa una “grave injuria laboral”, es decir, causal de despido justificado.
Así se resolvió este lunes durante una reunión que mantuvieron en el Congreso representantes del Gobierno y legisladores del oficialismo y de la oposición dialoguista, donde se acordó que la Ley Bases se aprobará en Diputados tal como vino del Senado y en una sola votación. ¿Se mantendrá esa decisión o habrá contramarchas de la Casa Rosada para acceder a los reclamos del poder sindical?
En la CGT, pese a todo, aún no dan nada por cerrado. “Estamos en plena negociación”, admitió a Infobae uno de los jefes cegetistas, sin dar demasiadas precisiones. Curiosamente, en el PRO tampoco descartan que los funcionarios libertarios den marcha atrás y vuelvan a mostrarse receptivos a las quejas del gremialismo. Eso implicaría que en Diputados se supriman dos puntos agregados por el Senado, como el artículo “anti-bloqueos” y la eliminación de la presunción de la existencia del contrato de trabajo en casos de prestación de servicios y facturación periódica vinculada con contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficio, que jaquea la posibilidad de que, como se interpreta a partir de la ley vigente, se considere que existe una relación de dependencia, con todos los derechos laborales, si un trabajador factura con periodicidad sus servicios.
Cuando la Ley Bases se debatió en Diputados, el capítulo laboral de 58 artículos sufrió una drástica poda en busca de mayor consenso político, en una jugada piloteada por el Gobierno y motorizada desde el Congreso por el diputado Miguel Ángel Pichetto, titular del bloque Hacemos, quien logró imponer una consigna entre sus colegas: “No incluir nada que afecte a la CGT”. Así, 42 artículos quedaron afuera del proyecto para no irritar a los gremialistas, entre ellos uno que modificaba el Código Penal para fijar penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloqueen empresas.
En su afán de facilitar la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo ya había aceptado aliviar las penas contra los responsables de los bloqueos sindicales porque en el DNU 70 decía que esa acción será reprimida con 3 a 6 años de prisión y luego, antes de ser suprimido, en el último borrador de la modernización laboral que iba a tratar la Cámara Baja, se redujo de 6 meses a 3 años de prisión, e incluso desapareció otro artículo sobre el mismo tema que consideraba “grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”.
Ese último punto fue añadido en el Senado por iniciativa del bloque de la UCR y activó las alarmas en sindicatos como Camioneros, uno de los principales que adoptó los bloqueos casi como una marca registrada para hostigar a las empresas, sobre todo promovidos por Pablo Moyano. Por eso el díscolo cotitular de la CGT advirtió la semana pasada que “la ley aprobada (en el Senado) es peor que la original que venía de Diputados”. Es que el artículo penaliza los bloqueos sindicales al considerarlos “grave injuria laboral”, una figura que les da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a trabajadores que participan de esas acciones de protesta.
¿La CGT volvió a utilizar su línea directa con Pichetto para eliminar ese artículo? En el bloque de Hacemos insistieron en que aprobarán la Ley Bases con todos los cambios introducidos por el Senado y que incluso votarán contra las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo y RTA (Radio y Televisión Argentina) que acordó la Cámara Alta, algo propuesto por el Gobierno para lograr la sanción del proyecto y que ahora quiere revertir cuando se discuta en Diputados. En el PRO hay acuerdo unánime para votar contra los bloqueos: “Celebramos que el Senado haya incorporado el bloqueo a empresas como causa de despido, que impulsamos desde nuestro partido y que creemos importante como aporte”, dijo en las redes el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo.
El artículo “anti-bloqueos” preocupa a Pablo Moyano, pero no al sector dialoguista de la CGT: “A nosotros no nos perjudica porque no alentamos ni practicamos ese tipo de medidas de fuerza”, afirmó a Infobae un directivo cegetista, satisfecho con el desguace de la reforma laboral, negociada con el Gobierno, que permitió quedara a salvo la “caja sindical” al quitarse las limitaciones a las cuotas solidarias, además de suprimirse la restricción de la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales como la educación y las sanciones de las asambleas de trabajadores que terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas.
Los moderados de la CGT también consiguieron atenuar restricciones para los trabajadores del sector público que estaban en la versión de la Ley Bases aprobada en Diputados: según el texto votado por el Senado, que avalaría la Cámara Baja, el ejercicio del derecho de huelga en el Estado no dará causa a ningún tipo de sanción administrativa y, para alivio de los gremios estatales, ya no hará falta que los no afiliados deban autorizar de manera previa y expresa a que se les descuente la cuota solidaria.
Aun así, quedaron en el proyecto oficial que ahora debatirán nuevamente los diputados otros artículos que inquietan a la CGT, además del que sanciona los bloqueos sindicales: uno es el que crea la figura del “trabajador independiente” que puede tener a su cargo hasta otros 3 “trabajadores independientes” para llevar adelante un emprendimiento productivo y otro que incluye el “agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio”, pero no establece una “reparación integral” de la cesantía y no determina la reinstalación del trabajador.
Para el Gobierno, pese al recorte de 42 artículos, lo importante es que se conviertan en ley los puntos que considera centrales de la “modernización laboral”: la eliminación de las multas laborales por empleo no registrado y falta de pago de las indemnizaciones por despido, la creación de un sistema indemnizatorio para los nuevos trabajadores como el Fondo de Cese de la UOCRA, de manera optativa y mediante el convenio colectivo, y la extensión del período de prueba de los trabajadores a 6 meses, que es ampliable hasta un año si se acuerda entre empresarios y sindicalistas.
¿Podrá un sector de la CGT presionar de nuevo al Gobierno y a la oposición dialoguista para seguir recortando la reforma laboral a su medida? Todo indica que no, pero nadie tiene garantías. Las próximas horas serán decisivas para saber si, con la Ley Bases aprobada en Diputados, el festejo final será de Pablo Moyano o de las empresas que son víctimas de los bloqueos sindicales.
