Paquete fiscal: Economía trabaja contra reloj para reglamentar la ley y definió un aspecto clave del blanqueo
Tras la promulgación de la Ley de Bases y el paquete fiscal, que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía trabaja a contrarreloj para apurar los decretos reglamentarios que necesitarán otras áreas del Estado antes de poder determinar la letra chica de algunas de las medidas tributarias decisivas incluidas en la norma sancionada, entre ellas el blanqueo, Bienes Personales y Ganancias. En el Palacio de Hacienda esperan que el grueso del refuerzo recaudatorio comience a impactar en el fisco entre agosto y septiembre.
El Poder Ejecutivo cumplió en el inicio de la semana con el primer paso administrativo para dejar operativa a las dos leyes que el Congreso le aprobó al Gobierno de Javier Milei hace diez días, y seis meses después de que la iniciativa llegara -en su primera versión- al parlamento. La Ley Bases experimentó una buena cantidad de cambios, entre ellos una reducción a cerca de un tercio de los artículos originales. El paquete fiscal fue negociado en paralelo como prenda de discusión con los gobernadores.
Tras la promulgación, el Ministerio de Economía debería ahora publicar un primer decreto reglamentario sobre las dos normativas. “Si llegamos, va a ser esta semana”, mencionaron desde el Palacio de Hacienda. El área encargada de efectivizarlo es la Secretaría de Legal y Técnica que encabeza José García Hamilton. Una vez que tenga lugar esa primera reglamentación, el diseño de la letra chica que le dé forma definitiva al paquete fiscal pasará a las oficinas de AFIP, Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV), como el caso del blanqueo de capitales.
La primera etapa del blanqueo va desde la reglamentación que surja de AFIP hasta el 30 de septiembre, por lo que la celeridad para su puesta en marcha es decisiva para que la ventana de tiempo inicial, la primera etapa con una penalidad menor, sea amplia.
El blanqueo establece que por activos de hasta USD 100.000 no se aplicará ninguna alícuota. Es decir, estarán fuera del esquema de tasas progresivas de 5%, 10% y 15%, que la AFIP cobrará a quien ingrese según la etapa de la exteriorización en que los contribuyentes se adhieran. Ese escalonamiento, siendo más barato cuanto antes se formalice, está planeado para empujar a un ingreso temprano.
El Gobierno busca dar como incentivo adicional distintas opciones para que el blanqueo no pague ningún impuesto especial. Hay dos caminos para conseguir que el blanqueo sea gratuito. Una es que el monto a exteriorizar sea menor a los 100 mil dólares. Esos fondos no tendrán restricciones de movimiento una vez blanqueados.
La segunda vía es para las declaraciones juradas que implique un blanque superior a esa cifra. También es posible pagar 0% de alícuota de impuesto especial bajo ciertas condiciones. Para ello, habrá que dejar depositado el dinero exteriorizado en una cuenta bancaria especial y dejando el dinero hasta el 31 de diciembre de 2025. Si el contribuyente decidiera retirar esos fondos antes de esa fecha, pagará un 5% de retención como pago único.
También podrán estar incluidos en ese blanqueo sin costo quienes utilicen el dinero exteriorizado para realizar una serie de inversiones que reglamentará el Ministerio de Economía, pero cuyos lineamientos centrales ya se conocen por el articulado de la ley.
Los dos incisos del proyecto indican que será gratuito el blanqueo para “la adquisición de certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva, de acuerdo a las reglas que fije la reglamentación”, por un lado. Y también “la suscripción o adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión que cumplan con los requisitos exigidos por la reglamentación y que se mantengan bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre de 2025″.
También estipularon que el Poder Ejecutivo Nacional “podrá adicionar otros destinos a los previstos anteriormente, que tengan por finalidad incentivar la inversión productiva en el país o fomentar el crédito a las empresas que operan en el país”. En una reunión la semana pasada ante desarrolladores urbanos, el ministro Caputo anticipó que las inversiones en el sector constructor estarán incluidas en esa reglamentación y que, así, les permitirá a quienes adhieran no pagar el impuesto especial. Algo similar había tenido la exteriorización de 2016 y 2017 durante el gobierno de Cambiemos.
Tal como había reflejado Infobae, la AFIP ya prepara sus estructuras para reforzar el equipo de fiscalización antes del blanqueo y la moratoria. El organismo tributario, que conduce Florencia Misrahi, unificó en dependencias de la Dirección General de Impuestos (DGI) actividades de control operativo impositivo y previsional que funcionan en el ámbito metropolitano, una reorganización que ya había tenido lugar en delegaciones de AFIP del interior del país. Según aseguraron fuentes de la entidad, se tratará de una reducción de estructura pero no de personal, y tendrá como finalidad “modernizar los controles de fiscalización en miras a la moratoria y blanqueo”.
El Gobierno tiene, como escenario de base, una proyección en la que el blanqueo de capitales incluido en el paquete fiscal de la Ley Bases, le aporte una recaudación de 0,3% del PBI. Esa estimación de recaudación fue revelada por el Gobierno en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y quedó plasmada, en un pie de página, en el informe del staff técnico en que realizó cálculos sobre cuánto podría aportar el paquete fiscal al plan de ajuste de 5 puntos del PBI que necesita el ministro de Economía Luis Caputo para llegar al déficit cero en el primer año de mandato.
El Fondo decidió no incluir esa estimación del equipo económico dentro de su propio cuadro, posiblemente al considerar que no tiene elementos para anticipar si la exteriorización de activos sería o no exitosa. De todas formas, el número expuesto de un ingreso tributario equivalente a 0,3% del PBI, que puesto en otras cifras implicarían unos 1,72 billones de pesos, o USD 1.900 millones a valor del tipo de cambio administrado por el Banco Central.
Si ese número se cristalizara, la suma de recaudación adicional que le daría al Gobierno la Ley Bases más un grupo de medidas esperadas para el segundo semestre sería superior al 1% del PBI. Esto es así porque 0,38% del Producto estarían explicado por el paquete fiscal (la enorme mayoría por la reversión de la quita de Ganancias para 800 mil empleados) y otros 0,21% por mayor IVA ante subas de tarifas e impuesto PAIS para giro de dividendos.