Polémica por la licitación del acarreo: detalles de una preadjudicación fallida y las empresas que quedaron en el camino
El viernes salió publicada formalmente la anulación de la preadjudicación para el servicio de grúas y acarreos de autos mal estacionados en la Ciudad de Buenos, luego del adelanto hecho en los medios por el jefe de gobierno, Jorge Macri, de que iba a darla de baja por el alto costo para las arcas porteñas. El anuncio tuvo un condimento adicional: deslizó haber visto “algo impropio” en el proceso llevado adelante por la gestión de su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, de su mismo espacio político. La decisión generó, por un lado, revuelo político en la agitada interna del PRO, en la que recuperó el comando partidario Mauricio Macri, primo del alcalde porteño, y Rodríguez Larreta quedó relegado de la mesa de decisiones.
Por el otro, despertó suspicacias en relación a las empresas que habían quedado seleccionadas para repartirse las tres zonas de acarreo en la Ciudad de Buenos Aires: la Unión Transitorio de Empresas (UTE) Ashira-Ecoba SA, Transportes 9 de Julio, y la UTE SAEM-Tránsito Rosario.
La anterior concesión fue dada de baja en julio de 2022, a partir de una investigación de Infobae que reveló que las empresas Dakota y BDR habían operado las grúas de acarreo – junto al estacionamiento medido- por más de 30 años, con la concesión vencida desde hacía dos décadas, y pagando un canon irrisorio de $55.000 por mes. Desde entonces, el gobierno porteño estatizó el servicio hasta que se concretara una nueva licitación. Desde hace dos años lo viene llevando adelante con la grúas operadas por AUSA.
La prevenciones sobre las empresas preadjudicadas se agudizaron cuando el gremio de Camioneros trabajó a reglamento durante tres días a comienzos de esta semana, y la basura se acumuló en las esquinas porteñas. La protesta llamó la atención, siendo que no había conexión directa entre la recolección de residuos y la licitación del acarreo.
El gobierno de Macri la vio como mecanismo de presión para que los 310 trabajadores que anteriormente eran de Dakota y BDR y que habían sido absorbidos por la Ciudad para el servicio de acarreo, no perdieran el encuadre de Camioneros con las nuevas empresas. Ese beneficio había sido producto de una negociación que tuvo lugar en 2022, y les permitió mantenerse bajo ese convenio gremial cuando pasaron a la órbita de la Ciudad, en lugar de pasar a ser empleados municipales.
El interés sindical por que se concrete la preadjudicación del acarreo alentó las sospechas de sus vínculos con dos de las empresas seleccionadas: Ashira y Transportes 9 de Julio. Ninguna tiene antecedentes en el servicio de acarreo, y sí en el sector de recolección de residuos.
La medida de protesta le valió al secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, una denuncia penal por extorsión por parte del legislador porteño Facundo del Gaiso. Para el diputado porteño de la Coalición Cívica, la medida de fuerza en defensa de los choferes no tenía “otra finalidad que obtener la firma del jefe de Gobierno, Jorge Macri, de la adjudicación de la Licitación Pública, beneficiando a las empresas Ashira SA y Transportes 9 de Julio SA, ambas compañías, de pública vinculación con el Sindicato de Choferes de Camioneros”. Del Gaiso celebró la decisión de darla de baja por parte del jefe de Gobierno al calificarla como “carísima” para los porteños.
Infobae contactó a ASHIRA en forma telefónica y por mail sobre el presunto lobby en su favor de los Moyano. Desde el área de Recursos Humanos respondieron que trasladarían la consulta, pero finalmente no contestaron las preguntas enviadas. También intentó comunicarse con Transportes 9 de Julio por el teléfono que figura en su web y por mail, sin respuesta.
Los argumentos de Macri para dar de baja las preajudicaciones del servicio de acarreo fue que implicaba “una erogación de las arcas públicas de USD 360 millones”, incluía un anticipo de USD 8 millones para las empresas destinados a la compra de las grúas, y “obligaba al Gobierno a pagar el costo de operación aunque no existieran acarreos”.
En la preadjudicación concretada el 6 de diciembre último y publicada en el sitio de Buenos Aires Compras, el monto total del contrato por 10 años era de $57.169 millones por las tres zonas. Ante la consulta de Infobae sobre la diferencia en los montos, dieron otra cifra superior: $214.002 millones. La diferencia en los valores obedecía – según explicaron – “a la redeterminación de precios de la licitación que fue hecha en base a precios del 2022″.
El jefe de gobierno anunció que la Ciudad continuaría prestando el servicio “con un costo equivalente a menos de la mitad del valor calculado en ese proceso licitatorio”. El precio estimado a pagarle a las empresas era de $3.000 millones por mes, mientras que a la Ciudad podría costarle unos $1.500 millones.
A diferencia del modelo anterior con Dakota y BDR, en el que las empresas recaudaban más si realizaban más acarreos, aún cuando los vehículos sólo estuvieran apenas pasados sobre la línea amarilla, en la licitación convocada en julio de 2022 y que esta semana se dio de baja, la Ciudad iba a pagar un canon fijo por la prestación del servicio. En ese sentido, Macri cuestionó que “obligaba al Gobierno a pagar el costo de operación aunque no existieran acarreos”.
“En el anterior contrato, que estaba vencido, el objetivo para los privados era recaudatorio. Con el nuevo modelo, el objetivo era ordenar el tránsito y que solo se levanten los autos que bloquean una rampa, garage o estén estacionados en lugares prohibidos; no los que tengan el pago del estacionamiento medido vencido o no obstruyan el tránsito”, explicó una fuente que participó de la elaboración del pliego en la gestión anterior. “Pero este cambio de modelo exige que los privados inviertan en grúas y playas de acarreos para que puedan prestar el servicio. Y la Ciudad les iba a pagar el servicio, controlar que efectivamente lo cumplan, y recuperar el dinero con las multas y acarreos”. agregó.
Del Gaiso recordó que, en noviembre de 2022, la Legislatura porteña aprobó una ley que prohíbe a las grúas llevarse a los autos mal estacionados, a menos que estos obstruyan el tránsito en la Ciudad. Igualmente, el infractor tiene que pagar la multa respectiva. “Los pliegos de la licitación no tenían sentido con esa ley aprobada”, sostuvo. Hoy, el servicio que presta la Ciudad de grúas es por demanda en tiempo real, ya sea de un inspector de tránsito o del vecino que llama al 147 para que acarreen un auto que obstruye o está mal estacionado. Las grúas no están patrullando la Ciudad a la “caza” de infractores.
Otro de los cuestionamientos de Macri a la licitación se refirió a la extensión del contrato por 10 años, cuando usualmente las concesiones en CABA suelen ser por menos tiempo, excepto la de basura por la inversión en camiones que requiere.
Si bien el jefe de Gobierno deslizó sospechas de irregularidades en la preadjudicación, al mencionar que hubo algo “impropio”, no dio más precisiones. Solo informó que se abriría un sumario interno. En su entorno no quisieron profundizar en esa línea ante la consulta de Infobae. Lo atribuyeron a la fecha de firma de la preadjudicación, en forma digital el 6 de diciembre, un día antes de que asumiera Macri, y en papel, el 11 de ese mes, cuando ya era el nuevo jefe de Gobierno.
Fuentes de la gestión anterior defendieron “la transparencia y claridad” del proceso llevado adelante. Argumentaron que la preadjudicación “no comprometía a la Ciudad en nada, ya que podía evaluar si quería seguir adelante o darla de baja, sin consecuencias. La ventaja era que el nuevo gobierno recibía un proceso avanzado, que había llevado un año y pico de trabajo”. A su vez, señalaron que “todas las decisiones llevadas adelante los últimos seis meses (de Larreta) habían sido consensuadas con la gestión entrante. No se sacó ninguna preadjudicación a escondidas”.
Los dueños de las empresas preadjudicadas
Ashira, junto con ECOBA SA, fueron preadjudicadas en la zona norte de la Ciudad para el servicio de acarreo por $77.379 millones, según informaron desde la administración de Macri a Infobae. Esta UTE había ofertado originalmente $21.735 millones, según consta en la preadjudicación publicada online y consultada por este medio en Buenos Aires Compras. El valor fue ajustado “por la redeterminación de precios de la licitación” convocada en 2022, según explicaron fuentes del Ejecutivo porteño.
En una UTE con la firma Martín y Martin, Ashira es desde 2014 una de las contratistas del Gobierno porteño en la recolección de residuos domiciliarios y barrido de calles en la Zona Seis de la Ciudad, que incluye los barrios de Flores, Parque Chacabuco, Caballito, Boedo y Almagro. Anteriormente, desde 2004, había prestado el servicio en la UTE Urbasur, con Transportes Olivos.
Ashira es una de las empresas cuyos trabajadores estuvieron con trabajo a reglamento y sin recolectar basura por tres días en la Ciudad. En medio del conflicto, un camión de esta firma volcó su basura en la Av Belgrano al 3600 en Almagro, por – según se supo luego – un “principio de incendio” en la carga que transportaba ese vehículo.
Su primer contrato de higiene urbana la consiguió en 1984 para la Municipalidad de Puerto Madryn, en Chubut, donde sigue prestando el servicio de recolección domiciliaria. Dos años más tarde obtuvo la recolección en Trelew, en esa misma provincia. Le siguieron los contratos de levantamiento de residuos con los municipios de Junín, San Pedro, Balcarce y General San Martín, en la provincia de Buenos Aires; y en 1991, con el de San Francisco, en la provincia de Córdoba.
Además de la recolección de residuos domiciliarios, presta el servicio de barrido de calles, servicio de contenedores, provisión de agua potable, servicio de camiones atmosféricos; recolección de poda y escombros; levantamiento de montículos, barrido y servicios de atmosféricos en barrios de emergencia.
Con su sede central en el barrio de Flores, desde 1998, Ashira le alquila equipos de higiene urbana y tanques atmosféricos al Gobierno de la Ciudad. Fue contratada, desde el 2000, por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) para la disposición de líquidos cloacales y pluviales generados en los asentamientos y barrios carenciados de la Ciudad. En 2007 comenzó a prestar servicios de transporte y provisión de agua potable en villas y asentamientos, contrato que continúa actualmente. Luego sumó la provisión de agua a través de camiones cisterna y, desde 2015, se adjudicó la licitación para tareas de saneamiento, higiene y control de plagas en barrios populares.
Las contrataciones de Ashira por parte del Ejecutivo porteño, sólo desde 2016, totalizan al menos $66.000 millones, según el análisis realizado por Infobae.
Desde la muerte de su fundador y presidente, Eduardo Manuel García, en octubre del año pasado, la conducción de la empresa quedó en manos de sus hijas. Victoria García Acuña, de 40 años y licenciada en Administración de Empresas, es la actual presidenta. Su hermana Carolina García Acuña, licenciada en Ciencias Biológicas y dos años mayor, es directora. La vicepresidencia quedó en manos de Sebastián Insúa, ex gerente de Legales y Recursos Humanos de la empresa.
Además de gerente general de Ashira, Victoria es presidenta también de de Empresa Constructora de Buenos Aires SA (ECOBA SA), la otra empresa con la que se presentó en una UTE a la licitación del acarreo, y Carolina también su directora.
Constituida en 2007 por las dos hermanas García Acuña, y Enrique Carlos Schreker – a su vez director de Ashira-, su actividad principal son los servicios de higiene urbana, desobstrucción de ductos, extracción de líquidos cloacales,y mantenimiento de espacios verdes y canteros de calles y avenidas. Está a cargo, desde 2022, de tareas de mantenimiento del espacio público y espacios verdes en la Comuna 5, que abarca el barrio de Caballito.
Transportes 9 de julio SA fue preadjudicada la zona oeste de la Ciudad por $79.411 millones, según la cifra informada por fuentes del Ejecutivo porteño a Infobae. El monto original ofertado por esta empresa que figura en la web pública de Buenos Aires Compras es de $15.733 millones.
Fundada en 1976 y sin experiencia previa en el estacionamiento medido o el acarreo, esta empresa está dedicada a la recolección de residuos y la higiene urbana. Con su casa matriz en Mar del Plata, en esa ciudad balnearia, tiene el contrato de recolección de residuos desde hace 20 años, cuando al frente del municipio estaba el ex intendente Gustavo Pulti.
Transportes 9 de Julio fue beneficiada con sucesivas renovaciones de contrato, en medio de cuestionamientos por un servicio deficitario, y un aumento del canon calificado de “exorbitante” por la oposición. A lo largo de estas dos décadas, tejió vínculos con el sindicato de Camioneros.
A través de la empresa ESUR – de la cual Transportes 9 de Julio es accionista junto a Brother in Law SA (BILSA)- , desde 2023 se quedó con la licitación para la operación y el mantenimiento del predio de disposición final de la basura en Mar del Plata, en una UTE con la firma Ciageser. ESUR venía participando, desde dos años antes, del negocio de la operación del basural en esa ciudad – junto a Ciageser y Ashira- en una contratación directa por parte del municipio de General Pueyrredón a cargo de Guillermo Montenegro, que fue objetada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
ESUR también presta el servicio de recolección en la ciudad de La Plata desde 2001, en forma ininterrumpida. Volvió a ganar la concesión la última vez en 2018, por otros ocho años, extensibles a 12, por lo que la misma empresa recolectora sería la contratista por tres décadas. En 2023, el contrato de la basura con ESUR se llevó $16.860 millones, casi el 20% del presupuesto platense de ese año.
La firma controlada por Transportes 9 de Julio también fue contratada entre 2021 y 2023 por el municipio bonaerense de Brandsen, que le alquiló sus camiones para la recolección de residuos urbanos y su traslado al CEAMSE, por casi $100 millones.
El presidente de Transportes 9 de Julio es Ricardo Lorenzo Dotta y su vice, Hernán Lorenzo Botteri. Este medio llamó reiteradas veces a los números de teléfono que figuran en la web de la empresa en Mar del Plata, sin que respondiera nadie. Tampoco obtuvo respuesta al mail enviado a la casilla institucional y de sus autoridades.
La tercera empresa preseleccionada en la licitación cancelada por Macri es la UTE conformada por SAEM SA y Tránsito Rosario. Es la única de las que quedaron en el tramo final del proceso con antecedentes en el rubro. Esta última presta el servicio de acarreo en la ciudad santafesina, y SAEM tiene el estacionamiento medido a través de un sistema informático propio. “El acarreo no funciona operativamente si no va de la mano con el servicio del estacionamiento medido”, señalaron fuentes conocedoras de la operatoria de SAEM.
SAEM había sido preadjudicada con el acarreo en la zona sur por $57.212 millones, el monto más bajo de las tres, y en línea con el monto original previsto en el contrato por las tres zonas. En el documento de preadjudicación, figura con una oferta de $19.700 millones. “En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, es la tercera vez que SAEM se presenta a un licitación por el estacionamiento medido, y la tercera que gana por precio. Su oferta fue la más baja, incluso una décimas por debajo de lo que establecía el pliego, a pesar de haber sido preadjudicada con la zona sur, que es más grande y con más volumen de trabajo al incluir el microcentro”. Las dos licitaciones anteriores en las que había resultado seleccionada, en 2014 y en 2018, fueron finalmente dejadas sin efecto.
SAEM opera, desde 2014, el estacionamiento medido en Neuquén Capital, donde constituyó su sede. Desde este año, también brinda ese servicio en la ciudad de San Martín de los Andes, en la misma provincia. Y en la provincia de Santa Fe, tiene además el contrato de las fotomultas en los corredores viales.
Sus accionistas son la firma especializada en la provisión de soluciones de alta integración tecnológica IT NET (dueña del 67,5%) del empresario Horacio Miró, y Walter Poplawski, su socio histórico en varios negocios.
En el entorno de Miró admitieron que la posibilidad de brindar al servicio de acarreo en CABA, por su volumen y visibilidad, “era una plaza atractiva para luego salir a competir al mundo”. Sin embargo, desmintieron un vínculo del empresario con Rodríguez Larreta. “Nunca tuvo un contrato con la Ciudad, hasta ahora”.
De bajo perfil, Miró fue funcionario del ex gobernador José Manuel de la Sota, al frente de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (Acif). “Eran amigos con De la Sota. Fue funcionario hace 25 años, y solo por 19 meses porque vivía en Buenos Aires”.
Miró y Poplawski son socios en la constructora Bassa SA, sucesora de Britos SA, que tuvo varias obras importantes en la provincia mediterránea en la gestión de Juan Schiaretti. “Hoy no tiene ningún contrato en Córdoba”, aseguraron cerca de Miró.
En octubre de 2016, la rama de Ingeniería Ambiental de Bassa amplió sus negocios en la ciudad de Neuquén, al ingresar al rubro de la basura. Se quedó con el tratamiento de residuos, post recolección, luego de que la concesionaria Cliba Tecsan – del Grupo Roggio – se retirara de esa parte del contrato que había ganado. Ofreció al Gobierno municipal que ingresara como reemplazante Basaa, que fue aceptada, sin necesidad de llamar a una nueva licitación ni aprobación del Concejo Deliberante.
Carga y chequeo de datos: Desiré Santander
