La dictadura de Maduro les dio tres días a los diplomáticos argentinos para que dejen Venezuela: el Gobierno define si envía un avión a buscarlos
(Henry Chirinos/)
El régimen de Nicolás Maduro les dio a los diplomáticos argentinos un plazo de tres días, que se cumplen pasado mañana, para que abandonen el país, mediante una carta que enviaron a la Embajada en Caracas, donde también hay seis opositores que tienen asilo político, a quienes no les permitirán abandonar el Estado. La Casa Rosada definía por estas horas si envía un avión a buscarlos.
“En virtud de las injerencistas acciones y declaraciones de su gobierno de desconocer los resultados electorales de los comicios presidenciales efectuados el domingo (…) ha decidido solicitar el retiro de nuestro país de los funcionarios diplomáticos y consulares argentinos en el plazo máximo de 72 horas a partir de la presente fecha”, estableció la carta a la que accedió Infobae.
Tras la notificación que se concretó ayer de la amenazante orden de salida del país emitida por el régimen chavista, desde lo más alto del gobierno nacional se analizó la posibilidad de enviar de manera urgente un avión a buscarlos. De ocurrir, saldría esta noche, para tener el tiempo suficiente para aterrizar, abordar con todo el personal y regresar. Entre Argentina y Venezuela hoy no hay vuelos, porque el régimen decidió cerrar su espacio aéreo.
Para un eventual aterrizaje en ese país, Caracas debería dar una autorización especial, algo que resulta improbable. La alternativa podría ser que el avión que despegue de Buenos Aires aterrice en un tercer país al que vayan los diplomáticos, empleados y, eventualmente, los asilados. En este contexto, Cancillería reveló que “el Gobierno de Venezuela ha anunciado la suspensión temporal de los vuelos aerocomerciales, desde y hacia Venezuela con Panamá y República Dominicana”.
Se trata de una nueva escalada en el conflicto que se abrió entre la Casa Rosada y la dictadura de Maduro, que se adjudicó la victoria en las elecciones del domingo, sin datos oficiales y ante las denuncias de fraude de la oposición que encabezan Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. El gobierno de Javier Milei no sólo desconoció la autoproclamación, sino que impulsó una ofensiva regional contra el régimen.
En la misma carta, que tiene sello del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores, se advirtió que el retiro de la misión diplomática “atañe sólo al personal argentino, quienes contarán con todas las garantías para su retiro inmediato del territorio nacional, y no posee vinculación alguna con la presencia de ciudadanos venezolanos asilados en esa misión diplomática desde el 20 de marzo de 2024″.
En ese sentido, agregó que “constituye una situación administrativa que debe resolver esa Embajada, sobre la base del principio de extraterritorialidad respetado por la República Bolivariana de Venezuela y consagrado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961″.
Los dirigentes opositores asilados por Argentina son Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola y Magalí Meda. Todos formaban parte del comité de campaña de María Corina Machado, cuando todavía estaba en carrera por la presidencia, antes de ser proscripta por la dictadura de Maduro y Diosdado Cabello.
Para el gobierno argentino, las seis personas que recibieron refugio en la representación diplomática deben tener el mismo trato que el resto de los diplomáticos. Esgrimen el artículo 19 de la Convención de Asilo, que irónicamente se firmó en Caracas en el año 1954, que lo dice de manera taxativa, pese a que el régimen dictatorial de Maduro pretende desconocerlo.
“Si por causa de ruptura de relaciones el representante diplomático que ha otorgado el asilo debe abandonar el Estado territorial, saldrá aquel con los asilados. Si lo establecido en el inciso anterior no fuere posible por motivos ajenos a la voluntad de los asilados o del agente diplomático, deberá éste entregarlos a la representación de un tercer Estado Parte en esta Convención, con las garantías establecidas en ella. Si esto último tampoco fuere posible, deberá entregarlos a un Estado que no sea Parte y que convenga en mantener el asilo. El Estado territorial deberá respetar dicho asilo”, es el artículo en cuestión.
Pero el régimen de Maduro ya dio muestras ciertas que no está dispuesto a respetar el derecho internacional en materia de asilo. Desde hace meses, la Cancillería negocia un “salvoconducto” para poder sacar del país a esas personas. Pero el chavismo lo rechazó una y otra vez. El último intento fallido lo hizo la canciller Diana Mondino el fin de semana, sin éxito.
La diplomacia regional ya está en alerta por estas acciones violatorias del derecho internacional y agresiva contra los países que le reclamaron por el fraude. El presidente de Chile, Gabriel Boric, denunció públicamente que “el gobierno de Venezuela anuncia la expulsión de nuestra misión diplomática de su país con una serie de argumentos inverosímiles y demostrando una profunda intolerancia a la divergencia, esencial en una democracia”. No fue el único. Y parece, no será el último.
