El Gobierno se desligó del pedido de asilo que hicieron bolsonaristas condenados por el intento de golpe contra Lula: “No depende de nosotros”

“No depende de nosotros”. Con esta frase, el gobierno de Javier Milei se desligó del pedido de asilo que presentaron ante la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) los simpatizantes de Jair Bolsonaro que fueron condenados en Brasil por el intento de golpe en enero de 2023 contra el recién asumido Luiz Inacio Lula Da Silva y que escaparon hacia la Argentina para evitar la cárcel. La declaración es clave porque el Supremo Tribunal podría enviar unos 47 pedidos de extradición.

“Nosotros respetamos la ley y respetamos la Justicia de otros países. Cuando lleguen, si llegan (pedidos de extradición) se va a cumplir con lo que indique la ley. Si son prófugos, tomará intervención Interpol o quien tenga que intervenir para apresarlos y continuar el proceso legal. No incumplimos la ley, ni la nuestra, ni la de ningún otro país”, afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni al ser consultado respecto a este tema en la conferencia de prensa matutina del martes por una periodista de un medio brasileño.

El funcionario, además, agregó que “hubo una confusión con respecto al tema de los posibles refugiados o personas que piden asilo: no depende de nosotros, ni se toman los casos iguales; cada caso es particular y cada caso se analiza. La Comisión correspondiente funciona de manera independiente y hace el análisis de cada caso en particular”.

La declaración de Adorni tiene una enorme importancia política porque el diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, estuvo en la Argentina hace tres semanas y en un encuentro que organizó la diputada nacional libertaria Celeste Ponce en la Cámara baja denunció supuestas violaciones a las garantías individuales de varios simpatizantes de su padre que fueron condenados por la Justicia de su país y que se escaparon a la Argentina para no ir a la cárcel.

Jair Bolsonaro es uno de los primeros y más sólidos aliados de Milei, al punto que fue invitado a la asunción y recibió aquí un trato de jefe de Estado en ejercicio. Con Lula Da Silva, en cambio, el presidente argentino tiene una mala relación personal que se arrastra desde los tiempos de la campaña y que quedó expuesta este fin de semana en la reunión del G7, en Italia, donde ambos se evitaron y no intercambiaron siquiera un saludo protocolar.

Pese a esos alineamientos, el gobierno argentino trató de mostrarse prescindente del pedido de asilo que presentó un número indeterminado de brasileños que ingresaron de manera irregular a la Argentina, para sortear los controles fronterizos, debido a las condenas por los episodios del 8 de enero, cuando una multitud tomó por asalto los edificios de los tres poderes en Brasilia. Por esos episodios, que la Justicia brasileña los consideró golpistas y les aplicó penas.

Los bolsonaristas niegan que la protesta haya tenido el objetivo de voltear al recién asumido Lula Da Silva, señalan a agentes del gobierno del PT como autores de una supuesta conspiración para desatar una supuesta persecución política contra la oposición.

Adorni explicitó lo que se viene hablando tras bambalinas en lo más alto del Gobierno sobre este tema, conscientes de que un error puede precipitar un conflicto diplomático. De hecho, la canciller Diana Mondino habría recomendado que cuando efectivamente lleguen los 47 pedidos de extradición sean analizados uno a uno y que se plantee que sea la Justicia de Brasil, mediante Interpol, la que se haga responsable de la detención y el traslado de los prófugos para desligar a la Argentina.

El reclamo de refugio

El abogado de la Asociación de Víctimas y Familiares del 8 de enero (ASFAV), Ezequiel Sousa Silveira, habló con Infobae sobre la situación de los brasileños. “Estuvimos el 30 de mayo en la Cámara de Diputados por invitación de María Celeste Ponce participando en una audiencia donde pudimos informar sobre las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso legal que se están cometiendo contra los imputados del 8 de enero. Aprovechamos nuestro viaje a Argentina para presentar un informe sobre estas violaciones ante la CONARE”, explicó el letrado.

El letrado no quiso brindar precisiones ni sobre la cantidad de personas que efectivamente rompieron las tobilleras y huyeron con destino a la Argentina, como así tampoco cuántos efectivamente se presentaron ante la CONARE para pedir refugio.

Hasta hoy, lo que se sabe es que ingresaron al país y pidieron protección Ângelo Sotero, músico, 59 años; Gilberto Ackermann, corredor de seguros, 50 años; Raquel de Souza Lopez, 51 años; Luis Fernandes Venâncio, empresario, 50 años, San Pablo; Alethea Verusca Soares, 49 años; Rosana Maciel Gomes, 50 años; y Daniel Lusiano Bressan, 37 años, y Marco Simon Oliveira. El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño remitió a la Cancillería argentina una carta de la Corte Suprema solicitando la verificación de que 143 prófugos de la justicia brasileña se encuentran en territorio argentino.

Más allá del hermetismo, en la presentación que elevaron a la CONARE, los abogados defensores brasileños plantearon que “los acusados del 8 de enero siguen presos, ya sea en las cárceles, o en prisión domiciliaria, con dispositivos de monitoreo electrónico que les impiden trabajar, sometidos a condiciones inhumanas y a un juicio injusto y parcial. Ante la falta de alternativas, muchos han optado por cruzar la frontera y solicitar asilo político en este país”.

Por eso, reclamaron a la Comisión que “ponga sus ojos sobre lo que viene sucediendo en nuestro país y observen cómo el gobierno Lula, en connivencia con la Suprema Corte y la mayoría de los Medios de comunicación, está acabando con la libertad del pueblo brasileño, para que ustedes no tengan que lidiar con problemas como el flujo de refugiados, que ya ha comenzado”

“No nieguen las solicitudes de asilo que están siendo presentadas por los presos políticos acusados del 8 de enero; y presionen a las autoridades brasileñas y a la Organización de los Estados Americanos (OEA) la garantía de un juicio justo e imparcial, el fin de las violaciones de los derechos humanos de estas personas y el respeto al Estado Democrático de Derecho”, estableció el documento al que accedió este medio.

Sousa Silveira se mostró confiado en que “el gobierno de Milei cumplirá con la ley. Esto es lo que queremos y esperamos, ya que el gobierno y el sistema de justicia brasileños no lo están haciendo. Nuestro papel es informar al gobierno argentino de lo que está sucediendo en Brasil para que pueda tomar sus decisiones basadas en hechos y no en narrativas políticas”.

Las declaraciones oficiales y los trascendidos sugieren que el gobierno de Milei no estaría dispuesto a enfrentar al gobierno de Lula Da Silva y las decisiones tomadas por la máxima instancia judicial de ese país.

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